Los jornaleros/as del campo andaluz padecen una vergonzosa campaña de descredito y persecución.

La reconversión que supuso el entrar en la U.E, desmantelo la agricultura a favor de países como Alemania y Francia a través del mercado de cuotas. Pasamos de ser exportadores a tener que importar productos básicos, la cuota del PIB de la agricultura en 1985 era del 6,4%, mientras que en el 2014 se redujo al 2,5%.

Los terratenientes han salido claramente favorecidos, ya que reciben ayudas a través de subvenciones por el número de hectáreas y no por la producción. Esto hace que de un total de 5.160 millones de euros que recibe el campo en España de la PAC, el 80% se lo repartan un 20% de los beneficiarios (entre otros, la Casa de Alba, los Mora Figueroa, los Domecq, los Aristraín, la familia Botín…) independientemente de si trabajan la tierra o no, solo un tercio de los que reciben ayudas, crean empleo.

Es en este contexto donde los trabajadores/as de Agrícola Espino y Baena Franco pasan de ser víctimas de estos empresarios, a ser criminalizados por el gobierno, acusándolos de connivencia por defraudar a la S.S. Lo que les ha supuesto la congelación de las prestaciones y han visto como han abierto diligencias penales contra ellos/as. El mundo al revés, cerca de 200 trabajadores/as fueron injustamente castigados por el SEPE porque la empresa no pago los seguros sociales, dejando una deuda en cotizaciones a la S.S de 72.514€ lo que significo sanciones de 2.500 a 15.000€ por trabajador/a, además de la exclusión de percibir el paro.

Aparte de esto, amparándose en la última reforma del código, los denuncian por lo penal (pero no arremeten contra los empresarios), lo que significa que los jornaleros/as afectados se enfrentan a penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel.

Cuesta creer que en vez de cargar contra los empresarios responsables del fraude lo hagan contra las víctimas, cuesta creer que a la condena al hambre que supone las sanciones a estos trabajadores/as, se le sume ahora la petición de pena de cárcel.

Por todo ello desde co.bas llamamos a la solidaridad con los jornaleros/as andaluces, comenzando por divulgar su lucha ante este atropello del que están siendo víctimas.

Ampliamos información en el archivo adjunto que contiene el ultimo Boletín.