El pasado 3 de marzo hizo 40 años de la masacre de Vitoria-Gasteiz, tenemos el deber de no olvidar que ese día del 1976 la policía franquista disolvió una Asamblea de Trabajadores, disparando más de 2.000 balas, asesinaron a cinco trabajadores y provocaron decenas de heridos de bala.

En el debate de investidura sólo Pablo Iglesias se acordó de este hecho,  comenzó de su intervención diciendo“me van a permitir también que homenajee la memoria de los trabajadores de Vitoria, asesinados hace 40 años por defender los derechos sociales de todos”. También homenajeó a Salvador Puig Antich ejecutado injustamente con el garrote vil en 1974.

Pero hay detalles que muchos desconocen de lo acontecido en Vitoria-Gasteiz:

Tres días después de la matanza Manuel Fraga desplegaba en Vitoria una actividad frenética. Tras visitar varios centros sanitarios donde le increparon, le llamaron fascista  y hasta uno de los heridos le preguntó si iba a rematarlos, organizó una reunión en el Gobierno Civil con alcalde y concejales, para que firmasen un comunicado a la ciudadanía. Escucharon en silencio al Ministro de Gobernación y cuando acabó sólo uno se atrevió a exponerle la exigencia popular de una investigación independiente. Acostumbrado al "ordeno y mando" Fraga se levantó bruscamente y agarrándole por la corbata le espetó: “aquí el único que investiga a la policía es el Ministro de Interior".

Tuvieron que pasar 32 años para que el Parlamento Vasco lo declarara, junto a Martín Villa y Alfonso Osorio, responsable político de la masacre del 3 de marzo del 76, a pesar de lo cual falleció sin pagar por ello. Defensor del golpe de estado de 1936 y responsable de torturas y fusilamientos, Fraga consiguió credenciales democráticas explotando con habilidad la pusilanimidad de la oposición, el miedo y el aparato del estado franquista.

40 años después las víctimas de aquellos sucesos no han obtenido ningún tipo de reparación: ni en relación con los responsables materiales y políticos -porque no se conoce formalmente a ninguno, a pesar de todas las pruebas y grabaciones existentes-, ni en relación con los perjuicios de todo orden causados.

En Vitoria-Gasteiz la exigencia de un salario digno, condiciones de trabajo decentes, que no hubiera ningún trabajador despedido o detenido y el reconocimiento de los representantes elegidos directamente por los trabajadores, fueron el motor de una huelga que durante dos meses desveló con crudeza el nefasto papel que jugaron las instituciones, los cuerpos represivos, los medios de comunicación y la legalidad, cuando se cuestionan los intereses del capital.

Ahora, en la Gran Recesión, y gracias a la contestación social, las cuatro huelgas generales y el más de un millón de personas en las Marchas por la Dignidad, ha quedado al descubierto el atraso histórico de la economía española, el carácter reaccionario de la derecha, la corrupción generalizada, el descrédito de la monarquía y la crisis del estado de las autonomías.

Los cambios que no se hicieron en el pasado reclaman hoy un nuevo proceso constituyente; la ley electoral, la independencia de la justicia, el derecho de autodeterminación, la reforma militar, garantizar derechos de contenido económico como vivienda, sanidad, pensiones, o educación, suprimir privilegios de la Iglesia Católica, decidir el modelo de estado, o derogar la ley de amnistía, la ley mordaza, o la reforma laboral.

Pero lo decisivo, hoy como ayer, es la necesidad que tiene el capital de reducir costes laborales, con medidas como el aumentando la precariedad, para elevar sus beneficios.

Los trabajadores podemos estar a la cabeza de las movilizaciones sociales impulsando cambios profundos. La historia del movimiento obrero lo confirma. Hoy, seis millones de trabajadores, y cuatro millones de pensionistas, cobran menos de 700 euros mes, y una de cada tres personas está en riesgo de exclusión social.

Hoy lo urgente es la desigualdad y la pobreza, y la respuesta más eficaz es crear empleo de calidad y no destruirlo. Este es el caso del PSI en Telefónica que camufla un despido colectivo con el que va a destruir miles de puestos de trabajo digno y con derechos, anteriormente el de Endesa, etc. Elevar el salario mínimo, acabar con el despido libre, primar el contrato fijo y reforzar la negociación colectiva y el derecho de huelga. También fortalecer el movimiento sindical, un sindicalismo con democracia interna y financiado por los trabajadores (quien paga al flautista elige la melodía), y regular el control obrero y la democracia en las empresas.

Hoy por hoy, capitalistas y banqueros dirigen a placer las instituciones europeas, financian con dinero público la especulación y el fraude, y atacan de raíz derechos que han costado sangre, sudor y lágrimas conseguir.

El mejor homenaje a aquellos que murieron defendiendo estos derechos es continuar la lucha contra un sistema capitalista incapaz de satisfacer las necesidades básicas de las personas. Defendamos el derecho a la verdad y la justicia y mantengamos el deber de no olvidar.

Quiero dar las gracias al sindicalista y luchador incansable Arturo Val del Olmo, por su aportación inestimable, al escribir su libro “3 de marzo Una lucha inacabada” en el que explica los hechos desde una perspectiva de clase, y en el que me he basado para escribir este artículo.

Para quien esté interesado en su lectura: http://www.fundacionfedericoengels.org/index.php/venta-online/memoria-obrera/3-de-marzo-una-lucha-inacabada.